El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, que tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones contenidas en la directiva europea que regula esta tecnología, adaptándolas a la realidad industrial, geológica y energética de España y estableciendo una base jurídica para que se realice en condiciones seguras para el medio ambiente.
Este almacenamiento consiste en captar el CO2 emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento subterráneo y confinarlo de forma permanente.
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